El Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual en tramitación

El Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual en tramitación

El Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual en tramitación

El Consejo de Ministros ha acordado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del Anteproyecto de Ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

El objeto principal de esta Directiva es armonizar a nivel europeo el marco regulatorio de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. En este sentido, el anteproyecto de ley introduce medidas que refuerzan las aprobadas en la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, como son la mejora del gobierno interno, la transparencia y la rendición de cuentas, y la diligencia en la recaudación, la gestión y el reparto de ingresos.

Todas estas medidas ayudarán a mejorar los mecanismos de control de las entidades. Entre las novedades que se incorporan figura la obligación de que cada entidad de gestión cree un órgano de control interno que supervise a sus propios órganos de gobierno en aspectos tales como el reparto de los ingresos recaudados, la tramitación de expedientes disciplinarios o la ejecución del presupuesto. Este órgano lo compondrán miembros de la entidad junto con personas independientes ajenas a la misma. Las entidades de gestión deberán, además, publicar un informe anual de transparencia, así como la auditoría de sus cuentas anuales.

Asimismo, el anteproyecto de ley propone la regulación de otros operadores que, al margen de las entidades de gestión establecidas en España, pueden gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual en nuestro país. Concretamente, se regula el régimen jurídico aplicable a los operadores de gestión independientes y a aquellas entidades de gestión establecidas fuera de España que quieran prestar servicios en territorio español.

 

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